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No hace mucho, tanto los bancos como las cajas de ahorros sacaban pecho del  número de oficinas que tenían, de su cercanía al cliente y a todos los servicios que gestionan. Hoy en día, esa ventaja competitiva se ha transformado en un lastre imposible de sostener financieramente.

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Así es, bancos y cajas se vanagloriaban de su gran número de oficinas, situadas principalmente en sitios estratégicos. El número de oficinas o sucursales bancarias fue aumentando a pesar de que un “amigo” avanzaba fuerte, ese amigo Internet. El fuerte aumento de esta herramienta (el mejor desarrollo para los bancos desde la disposición de los cajeros automáticos, que ahorraron costes de aperturas y de empleados) y la previsible buena acogida de los usuarios (población principalmente entre 18 y 45 años) no hizo reflexionar a los estrategas financieros, que no ansiaban que presumir de redes de oficinas.

Esta estrategia tan desorbitada en cuanto al número de oficinas abiertas no sería criticable si únicamente afectase a los bancos (y si éstos no recibiesen ayudas públicas en los casos que así han sido), pero no en lo que respecta a las cajas de ahorros. De otra manera más, los directores/gestores de las cajas malinterpretaron la función de la caja de ahorros (así como la de financiar créditos hipotecarios), pero la ambición desbocada de la clase política (y religiosa en el caso de alguna caja) que eran miembro de los consejos de administración y amigos (de partido) de los gobernantes, no ha hecho sino infectar más el mal de las cajas.

Por ejemplo, ¿Qué sentido tiene que la Caja de Extremadura por ejemplo tenga sucursales en Madrid? Ninguno, más que fines financieros en los que sólo tenían algunos beneficiarios. Hoy en día, junto con el exceso de stock de viviendas y créditos impagados, estamos financiando todas las sucursales. Gracias a la ayuda Europea que llegará esta semana a las entidades europeas, hará que se cierren múltiples sucursales, con la mala noticia de que miles de personas entrarán a formar parte de la gran lista de parados.

La pregunta sigue siendo la misma. ¿Porque tiene que pagar la sociedad las malas decisiones tomadas por los políticos y gestores, mientras ellos han acaudalado millones de euros y asegurado el futuro económico suyo y de varias generaciones de su familia? La respuesta la de siempre.