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La reforma financiera que está viviendo la Comunidad de Madrid ha puesto al descubierto lo que llevaba años plasmándose: la privatización del Sistema Sanitario Español. El caso de la Comunidad de Madrid (Valencia es la otra Comunidad donde existe algo parecido, curiosamente ambas gobernadas por el PP) no es más que un banco de pruebas, extensible a todo el territorio español. Todos sabemos que en España conviven hasta ahora un sistema público de sanidad, financiado por los impuestos que todos pagamos, y un sistema privado de sanidad, donde su gestión es simple: es una empresa privada, se financia por las contribuciones o cuotas de los socios. Pero ahora se está llevando a cabo una privatización de lo público. ¿Es moral, legal o necesario dicho proceso?

sanidad publica

Durante los años dorados de la Comunidad de Madrid, comandados por Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, el traspaso fue iniciado. Dicho traspaso puede justificarse desde la óptica financiera y de gestión, diciendo que siempre una gestión en manos privadas es más efectiva y productiva que en manos públicas. Yo estoy de acuerdo en esta afirmación, pero no es justificable. Dado que no estábamos todavía en una profunda crisis, el traspaso fue silencioso, aunque ya había voces que cantaban los hechos. Ahora, el 2012 ha acabado con una huelga de los servicios sanitarios (marea blanca) enfrentándose a la decisión del actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González de privatizar la gestión de 10 Hospitales y Centros de Salud, medida menos impopular que el euro por receta.

¿Cómo se juega la partida en este ajedrez? A mi modo de ver, los médicos no se movilizan simplemente por el hecho de defender una sanidad pública, cosa que to defiendo, como la educación, sino que protestan porque también se les acaba la hegemonía. Hasta ahora, eran los médicos los que dirigían todo, presupuestaban y eran los jefes de servicios médicos y hospitales. Lo acepto, nadie mejor que un médico para dirigir un servicio, pero quizá no un hospital. Esta es la parte que los sanitarios callan y no hablan de ello. Con gestores en hospitales y centros de salud, será menor la posibilidad que un médico pasa consulta en un centro sanitario a la vez que en uno público. Hasta el momento cambiando horarios y fechas lo compaginaban. No es moral estar trabajando como empleado público y a la vez en la privada. O en una o en otra, peor no en ambas. Si tanto defienden al ciudadano, que dejen de emplearse en una de ellas para que los médicos colegas o los interinos (becarios) que realmente trabajan horas y horas, tengan la oportunidad de obtener un trabajo. Lo mismo pasaría con el absentismo laboral y las horas anuales “perdidas” por los pasillos, por lo que la productividad aumentaría.

Con esto no se quiere decir que todos los empleados sanitarios lo hagan, no, sino que quien lo hace (como pasa en las empresas privadas o en otros centros de trabajo ya sean del ámbito público o privado) ya no lo haga más, sin que tenga más derechos que sus compañeros de trabajo y sin que la calidad al cliente (enfermo) descienda. A nivel personal no estoy en contra de los médicos, enfermeros, celadores… u otros trabajadores del sistema sanitario, sino que estoy en contra de todo aquel que no sea un profesional, independientemente del puesto de trabajo que desempeñe. Quiero dar un toque de objetividad al reportaje y en esta vida, desgraciadamente nada es perfecto, y lo arriba mencionado pasa, como en todos los trabajos.

Se pueden externalizar ciertos servicios a empresas privadas sin que el trato al cliente empeore, como gestión de basuras, residuos, limpieza, mantenimiento o los servicios contables-financieros, pero nunca los “core business” que son los demás, como médicos, tratamientos, compra de maquinaria… Por lo que la calidad de la atención al enfermo descendería bien seguro si así se hiciera, al haber pruebas y tratamientos altamente costosos que se retrasen, se suspendan o se nieguen por el bien de la empresa, en detrimento del enfermo.

Para mí lo público y lo privada no están reñido, pero que convivan por separado y que lo más importante en este caso, que es el beneficio del enfermo, lo lleve a cabo lo público. Lo que no está bien es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid regale hospitales públicos pagados con el dinero de todos los contribuyentes a empresas privadas. ¿Pero, quienes son estas empresas? Capio y Ribera Salud.

Pero hay otras compañías que tienen la oportunidad de grandes pasos en la gestión de hospitales, como es el caso de Sanitas, que participa ya en la misma en el Hospital de Torrejón de Ardoz, e incluso Adeslas.

El germen de Capio, la referencia en el negocio de colaboración con la sanidad pública, es diminuto. Se encuentra a mediados de los noventa en Castilla-La Mancha. En una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas. Ninguno de ellos continúa hoy en el accionariado del grupo; pero aquella clínica nació ya con vocación de cubrir “una ineficiencia del sistema público”, según una de las personas que participó en esos orígenes y prefiere guardar el anonimato. “Se pensó que había un hueco: las listas de espera”. Nada demasiado diferente de lo que ocurre hoy. A ese equipo médico se le unió pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante socialista. Un experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años como director provincial del Insalud de Toledo y que acababa de ser destituido, de orden de Alberto Núñez Feijóo, de su puesto en el Ministerio de Sanidad, donde fue subdirector general de Conciertos en la última legislatura de Felipe González. Enseguida comenzaron a operar a un millar de pacientes de listas de espera en el centro de Albacete. En 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700 trabajadores. Decidieron sacar la cabeza al mercado. Buscar comprador. Y empezaron a hablar entre los socios de la creación de “un gran grupo sanitario”. En 2006, dos nuevos fondos de capital riesgo, Apax y Nordic Capital, compraron Capio en la Bolsa de Estocolmo.

Poco a poco, han ido colocándose nuevos competidores: ahí está el grupo Vithas, de recentísima creación. O Sanitas, sacando pecho después de la compra a Ribera Salud de su participación en el Hospital de Manises (Valencia) y en el de Torrejón (Madrid). Propiedad del grupo British United Provident Association (BUPA), una multinacional británica de sanidad, Sanitas facturó en España el año pasado 1.515 millones, en su mayoría (1.114) vinculados al negocio de seguros sanitarios, según recoge su informe de cuentas. Sanidad privada estricta. El caso del grupo Ribera Salud es otro: siempre ha estado ligado a la sanidad pública. Nació en 1997, casi de casualidad. La Generalitat lo concibió como una herramienta: dar respaldo financiero al proyecto que se convertiría en el estandarte sanitario del PP valenciano: el hospital de Alzira. Han pasado 16 años y la compañía (ahora participada al 50% por Bankia y Banco Sabadell), se ha consolidado como el primer operador de hospitales públicos por concesión.

¿Cómo funciona este modelo público-privado? Un exdirectivo de Capio explica un poco más en qué consiste este tipo de acuerdos, patentado en Alzira y trasladado a Madrid por la expresidenta Esperanza Aguirre: “La ventaja para la Administración es que paga una cantidad fija [una suma por cabeza, la cápita, al gestor privado]. Que la empresa gane dinero depende de cómo manejes a los enfermos”. También del precio por habitante pagado. Y añade: “El sector privado tiene una ventaja enorme, el sistema público no tiene herramientas de prima, incentivo y castigo al empleado. Eso es fundamental en una empresa donde la gente se gana la vida. La productividad es más alta, de un 20% o 30%. El absentismo es más bajo, sin comparación. Puedes contratar a los mejores médicos, pagarles 300.000 o 400.000 euros. Y echar a un empleado si no trabaja. Existe un recorrido profesional. Instrumentos que no tiene el sector público”. Un poco después abunda en las similitudes de un hospital con el negocio de la hostelería. “Si de verdad quieres recortar, empiezas por los servicios hosteleros, no por los servicios médicos. Siguiendo el modelo de Ikea o Ryanair y otras empresas del low cost. Igual la comida la tienes que pagar. Y la tele. Esto del análisis del valor cada vez va a ir a más”.

“¿La rentabilidad para estas empresas de dónde puede venir? De que se vaya a este modelo de bajo coste”, avanza un catedrático de Economía y experto en sanidad pública cuyos consejos suelen escucharse en las altas instancias económicas de España. “Es algo que las compañías sanitarias ya hablan abiertamente. Lo que en el Reino Unido se llama topping up. Un poco como ocurre con el cine: el verdadero negocio no está en la entrada, sino en las palomitas. Al gobernante eso le permite reducir el gasto. Entrega la gestión por una tarifa plana. Le va fenomenal. Y el que quiera, que se rasque el bolsillo. Cuanto más bajo es el low cost, más se puede añadir”. Por ejemplo, un tratamiento que queda fuera de los mínimos cubiertos por la sanidad pública; ese dinero no iría a la Administración, como ocurriría con el copago o una tasa. Se le escapa al Estado al igual que los beneficios de estas empresas tampoco revierten sobre los contribuyentes de forma directa. En todo caso, como argumentan desde CVC, favorece al ciudadano “por el ahorro en la gestión que le supone”.

A resumidas cuentas el final de la historia es conocido: ganan los políticos, los amigos de los políticos que están en las empresas, las empresas y los bancos, que financian los proyectos a cargo de las arcas públicas; pierden los ciudadanos, los enfermos y nuestros derechos. ¿Para cuando más finales felices?

Artículo recomendable de donde he obtenido algo de información: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357233012_416495.html